La regla básica es que la prestación por cese de actividad acumulada durante el matrimonio se divide a partes iguales entre los cónyuges. La transferencia de los activos de la pensión de jubilación entre los cónyuges sobre la base de esta división no tiene consecuencias fiscales.
Además, los ingresos obtenidos durante el matrimonio que estén sujetos al seguro de vejez y supervivencia (AVS) se suman y se dividen a partes iguales entre las cuentas individuales de AVS de los cónyuges tras la presentación del correspondiente formulario de solicitud posterior al divorcio.
En el ámbito de la previsión personal vinculada (pilar 3a), también suele ser posible que los cónyuges se repartan a partes iguales los activos de la pensión, a menos que se haya acordado una separación de bienes en el contrato matrimonial o que las aportaciones al pilar 3a se hayan realizado con activos que ya existían antes del matrimonio o se hayan adquirido como herencia durante el matrimonio. No obstante, los cónyuges tienen derecho a acordar un reparto de los haberes de pensión que difiera del reparto a medias o a hacerlo de forma voluntaria.